Pese a que esta situación ya es alarmante -frecuentes males relacionados con los sistemas endocrino, cardiovascular, respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal, además de padecimientos dermatológicos y renales-, las autoridades no han establecido un control estricto de las emisiones de la industria, mantienen sus registros en la opacidad e incumplen su propia normatividad que, ya de por sí, no cubre los estándares internacionales.
A esto se debe que la empresa a la cual se atribuye la mayor parte de esta contaminación -e inclusive se investiga ya si el arsénico que emite causa el alto índice de lupus que se está registrando en el corazón de la ciudad-, Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. -sometida a una normatividad laxa y al abrigo de la indiferencia oficial- mantenga en “récord” su operación metalúrgica en el complejo Met Mex Peñoles, considerado el más grande de Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial, en términos de producción.
Se trata de la empresa emblemática del Grupo Bal, el consorcio que preside Alberto Bailleres, el segundo hombre más rico de México, con una fortuna calculada en 5 mil millones de dólares por la revista Forbes.
Según su reporte financiero anual de 2006, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Industrias Peñoles tuvo en ese ciclo ventas netas por 37 mil 204.2 millones de pesos, 68.3% superiores a las del 2005, que le reportaron una utilidad de 9 mil 822.5 millones.
Industrias Peñoles está asociada con Grupo Acerero del Norte en operaciones ferroviarias, y con el Grupo Suez en el tratamiento de aguas; es empresa hermana de El Palacio de Hierro y del Grupo Nacional Provincial. Tiene como clientes principales a Hylsa, IMSA y Grupo México.
En el Consejo de Administración de Peñoles figuran José Antonio Fernández Carvajal, presidente de FEMSA; Fernando Senderos Mestre, de Grupo Desc, y el rector del ITAM, Arturo Fernández Pérez. La empresa tiene como consultor a Diego Fernández de Cevallos, y en su favor opera la reserva con que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene las mediciones de su emanación contaminante.
A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Coahuila (Semarnac) ha detectado que las emisiones afectan de manera directa a las personas en un radio de 2.5 kilómetros (todo el centro de Torreón), no se afronta el hecho de que, recientemente, se presentaron 800 casos de niños con altos niveles de plomo en la sangre, así como 16 casos de mujeres que, viviendo cerca de la planta, contrajeron lupus. Dos de ellas murieron.
Esta situación motivó que se presentaran denuncias ante la Cámara de Diputados contra esa firma que, en su página web, no sólo dice contribuir “al cuidado del medio ambiente”, sino que, en los últimos cuatro años, ha obtenido la certificación de Empresa Socialmente Responsable, reconocimientos del Centro Mexicano para la Filantropía y, por dos años consecutivos, el Premio Ética y Valores.
De manera que, en este momento, una de las preocupaciones centrales de los empresarios debe ser cómo celebrar en grande, el 17 de septiembre, el primer siglo de vida de Torreón, comunidad que comenzó a formarse en torno de las instalaciones de dicha industria cuando ésta tenía apenas seis años en el lugar…
Simulación y opacidad
En Proceso 1166, del 8 de marzo de 1999, el reportero Antonio Jáquez publicó la forma en que los médicos José Manuel Velazco, Francisco Valdez y otros investigadores de la zona empezaron a organizarse para denunciar lo que ocurría. Desde entonces, la influencia política de Industrias Peñoles era ya tan fuerte que, pese a las denuncias planteadas inclusive por funcionarios del sector salud, nada se hacía para poner fin a la simulación de remedios.
Después de lentas discusiones legislativas y más lentas acciones, ese año de 1999 una comisión del Congreso local logró que el Gobierno de Rogelio Montemayor ordenara la integración de un estudio que determinara el grado de responsabilidad de la empresa. El análisis se encargó al estadounidense Centro Nacional de Salud Ambiental (NCEH, por sus siglas en inglés), a través de su División de Riesgos Ambientales y Efectos para la Salud.
No fue sino hasta el año 2001 cuando surgieron los resultados. Y eran escandalosos: según el muestreo más confiable, aproximadamente 11 mil 181 niños, de recién nacidos a seis años de edad, tenían niveles superiores a la norma admisible de envenenamiento por plomo en la sangre.
Industrias Peñoles aportó entonces recursos para integrar un fideicomiso que atacara los problemas de salud y medio ambiente. Destinó alrededor de 6 millones de dólares para atender los casos de envenenamiento. Entre las acciones consideradas por el fideicomiso se incluyó la reubicación de los habitantes de un sector aledaño al complejo, e inversiones en la reconversión de los procesos industriales de la planta.
La disminución de la polución y de sus efectos fue notoria, pero ambos problemas repuntaron en seguida por la indiferencia de las autoridades. La Profepa asumió la responsabilidad de monitorear las emisiones, pero lo hizo con aparatos obsoletos que le donó la propia Peñoles.
Ahora, mientras las administraciones federal y estatal se muestran apartadas del fenómeno, la Profepa mantiene una supuesta supervisión mediante un equipo de cómputo -donado también por Peñoles- que sigue “en tiempo real” la automedición de la compañía.
El 22 de noviembre de 2006, el secretario de Salud en la entidad, Raymundo Verduzco Rosán, envió un oficio a Profepa donde le solicitaba los resultados de los estudios ambientales sobre Met Mex Peñoles. La respuesta de la dependencia fue dada por el delegado estatal Anastasio Carranza García, quien instruyó que la información se solicitara a través del sitio www.informacionpublica.gob.mx, con una advertencia:
“No omito mencionarle que dicha información está clasificada como RESERVADA, en términos del artículo 13 fracción V, y 14 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”
Sin embargo, como este tipo de información sólo puede reservarse cuando forme parte de procesos judiciales o administrativos en curso, el reportero revisó si estaba abierto algún expediente de ese tipo.
Y no.
En el reporte anual que hace la firma a la Bolsa Mexicana de Valores, Peñoles manifiesta, bajo la firma de su director general, Jaime Lomelín Guillén, que “actualmente no existe ni se tiene conocimiento de la posibilidad futura de algún proceso judicial, administrativo y/o arbitral en que se encuentren involucrados la empresa, sus subsidiarias, consejeros y/o principales funcionarios, y, por lo tanto, no tienen ni pueden tener impacto sobre los resultados operativos y/o financieros de Peñoles”.
Venenos, engaños, influencias
Cobijado bajo la opacidad gubernamental, Jaime Lomelín llegó inclusive a declarar el pasado 27 de julio que las afecciones de la gente se deben a las vías del ferrocarril y no a las emisiones del complejo industrial. (La Jornada.)
“Todo el programa de medio ambiente es vigilado por autoridades, también en riesgos de salud. Desde 1999 hay un programa que trabaja en tres dimensiones, que es el control de emisiones y control ambiental, restauración ambiental y cuidado a la salud, donde se ha avanzado, y somos modelo de otras naciones, como Australia y Canadá, que han venido a ver cómo hemos resuelto esto.”
Y pese a los cientos de millones de pesos que los directivos dicen haber invertido desde 1999 para abatir los problemas de salud que generan los procesos industriales, los hechos muestran algo distinto:
Por ejemplo, el pasado 14 de abril, la comisión legislativa estatal designada para el efecto llegó al sitio de muestreo de sangre que instaló la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila. Allí, el diputado del Partido Verde, José Refugio Sandoval, habitante de Torreón, pidió una demostración del proceso con su propia sangre. El resultado de la prueba fue que el propio legislador registró elevados niveles de plomo.
Dice: “Yo ni siquiera vivo cerca de la planta. Vivo muy lejos de ahí y salgo con 8 microgramos por decilitro. Lo admisible es de 2 a 4 microgramos. Vemos que Mattel tuvo que retirar sus juguetes por contener plomo, y aquí la empresa está aventándolo al aire sin que nadie haga nada”.
Lo que pasa, explica el legislador, es que, desde la culminación del fideicomiso, el Gobierno salió de la supervisión, por lo que la empresa ha controlado hasta a los médicos que atendían el centro de muestras.
Tampoco existe ninguna confianza en los supuestos apoyos que la compañía está obligada a ofrecer ante los problemas de salud que ocasiona. A principios de agosto, por ejemplo, el doctor Mario Rivera, quien atiende el Centro de Atención a Metales de la Jurisdicción Sanitaria Número 6, en Torreón, recibió un lote de medicamentos enviados por Peñoles. Con marcador negro, habían sido cubiertos los datos del lote y la caducidad. La sorpresa fue que los fármacos estaban vencidos.
Ante la detección de 16 casos de lupus en el área próxima a la empresa, las autoridades integraron un grupo de trabajo para determinar si la causa fue la contaminación de Peñoles, pues se trata de una enfermedad que se presenta de 8 a 10 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que aquí se registraron 16 casos en un radio de apenas 2.5 kilómetros.
El titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Juan Antonio García Villa, aseguró a la reportera Olga Quirarte, el 22 de agosto, que tomarían cartas en el asunto. Según el funcionario, los casos de envenenamiento con plomo repuntaron entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando se detectaron 15 casos de recién nacidos con niveles de plomo entre 12 y 61 microgramos, por lo que, aseguró, la Cofepris haría estudios al respecto y en torno a los padecimientos de lupus.
Para el diputado del PT Virgilio Maltos Long, quien preside la comisión legislativa, la postura de García Villa es sólo declarativa. Con la minuta en la mano, se refiere la reunión del 8 de junio, donde la comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos de Cofepris, Rocío Alatorre Edén-Winter, se comprometió a regresar con estudios 15 días después. Hasta ahora no lo ha hecho.
“Ya no me contesta ni el teléfono. El problema es que hay intereses que se cruzan con Peñoles. Hay directivos de altos niveles, Fernando Alanís Ortega, el director del complejo, por ejemplo. Peñoles apoya a los candidatos a la Presidencia de la República y, en el ámbito local, sabemos que Alberto González Domene, quien fue líder del PAN por mucho tiempo, hizo obras en el interior de la empresa. El esposo de la directora de Ecología del Municipio, Susana Estens de la Garza, es alto funcionario de la compañía. Diego Fernández de Cevallos es el asesor jurídico. Y si nos metemos a escudriñar, sabremos más...”
Normas ambiguas
El titular de Semarnac, Héctor Franco López, sostiene que la secrecía federal y el aumento de los enfermos por la contaminación obligaron al Estado a realizar sus propios monitoreos de aire, de modo que, desde hace seis meses, se realizan mediciones con equipos iguales a los de Peñoles que, además, se ubican en el mismo sitio que los de la empresa.
E inclusive señala: “En teoría, deben tener los mismos resultados, pero el problema grave para nosotros es que existen pasivos contaminantes de mucho tiempo y no hay una norma. La SSA está midiendo presencia en sangre, pero no medimos presencia en suelo porque la norma es muy ambigua”.
Se refiere a la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA 1-2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por plomo, arsénico y cadmio, entre otros metales, y evalúa: “Creemos, con base científica, que no es una norma con sentido. El muestreo de suelo se ordena sin medición de volumen de contaminantes, y nosotros pedimos que se aplique un criterio voluménico, que garantice que no haya afectación a la salud como marcan la norma estadounidense y el estándar internacional”.
Pero Manuel García Vargas, toxicólogo investigador de la Universidad Benito Juárez de Durango, quien sigue el caso desde 1998, asegura que la presencia de plomo en sangre a cualquier nivel es nocivo. “Se quiere bajar el rango a 5 microgramos de plomo por decilitro, pero nosotros sabemos, por nuestros estudios, que cualquier nivel es perjudicial”.
Ante ello, desde la comisión legislativa Virgilio Maltos sentencia: “Nada más hay dos soluciones: sacar a la empresa o sacar a los colonos... No queda de otra”.
Pero Franco López advierte: “Pudiera ser un factor a considerar, pero el pasivo ambiental que existe no se acabará quitando la empresa de ahí. Estamos en pañales en México en responsabilidad por pasivos ambientales. Si esa empresa se va de ahí, no responderá por el pasivo”.
Por si fuera poco, la medición de contaminantes en el aire que realiza Semarnac puso en evidencia otro problema, en el mismo sector de Peñoles, con Cementos Mexicanos (Cemex) y la empresa Caleras de la Laguna, pues durante todo 2007 han rebasado las emisiones de polvo indicadas por la norma, por lo que la SSA y Semarnac iniciaron nuevos estudios para saber si hay una afectación a la salud y al medio ambiente, ya que se trata de otro caso de contaminación histórica sobre el que Profepa tampoco está actuando.
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