Aporía es una dificultad insalvable, falta de paso o de medio. La Aporía de Aquiles y la tortuga, es un buen ejemplo de cómo ésta aventajaría siempre al corredor aunque este vaya más rápido. En nuestro caso, la tortuga es Uruguay y Argentina es el corredor Aquiles. La circunstancia de haber judicializado la política exterior en la espinosa cuestión de las Papeleras o caso “Botnia”, mediante el fallo de la Corte Internacional de La Haya, más que solucionar las cosas, ciertamente ha venido a empeorarlas.
En efecto, la actitud de los asambleístas de continuar con el corte de ruta en el puente internacional, más allá de las críticas o apoyos que reciban, no deja de ser una actitud mucho más coherente, comprometida, justificada y plausible que la asumida desde el principio por el gobierno argentino. Cuando recién comenzó el conflicto y se interrumpió el cruce internacional sobre el rio Uruguay, el propio esposo de la actual Presidente de la Nación, Néstor Kirchner cuando cumplía la misma función, alentó los asambleístas en dicha actitud. Más aún, en aquel momento no fue acatada por su gobierno una resolución judicial que ordenaba desalojar el puente internacional. Pues resulta de una lógica primaria no darse cuenta que la decisión unilateral de Uruguay de instalar plantas sobre la ribera de un río compartido por ambos estados, ha sido la piedra de la discordia que nadie hasta ahora reconoce que puede convertirse en una chispa que encienda el fuego de una reacción por parte del pueblo entrerriano de Gualeguaychú y se propague al resto del país, en solidaridad con los asambleístas, como ya ha sucedido con el conflicto con el campo, conflicto aún no superado y que está latente de una manera que puede surgir con más virulencia que antes.
En el caso del corte del puente por los asambleístas de Gualeguaychú, el Gobierno no entiende que está jugando con fuego y que se le volverá en contra como boomerang. Es tal su ceguera, que no advierte que su ambigua postura no hace otra cosa más que reafirmar en la suya a los asambleístas que más que piqueteros y rebeldes a sueldo, ya son vistos por sus compatriotas como defensores de la ecología del río Uruguay para evitar su contaminación, pues Argentina recibe del exterior de sus fronteras entre el 50 y el 75 por ciento del agua que posee. Es bueno recordar que en marzo de 2006 el entonces Ministro del Interior, Aníbal Fernández, hoy actual Jefe de Gabinete, bloqueó una orden judicial de levantar el piquete. De pronto, hay ahora Estado de derecho, ¿y antes no existía? Este inefable personaje que en lugar de armonizar o calmar las cosas, solamente sirve para tirar más leña al fuego, sale ahora cual fariseo con el anuncio de que denunciará penalmente a los asambleístas por varios delitos, en un intento desesperado de responsabilizarlos por lo que pudiera suceder en el desalojo.
Es a todas luces la actitud del Gobierno un típico acto de hipocresía y una provocación suicida para que arda la mecha y comience un fuego que a nadie le conviene que suceda. Sólo saldrán perdiendo las fuerzas de seguridad que se enfrentarán no a un grupo de asambleístas sino a un pueblo entero que se solidarizará inexorablemente con ellos que, de manera estoica, han permanecido firmes en la defensa de intereses superiores que el Gobierno no ha querido defender, toda vez que la actividad que realiza la pastera Botnia, no solamente afectará la costa vecina de enfrente, o sea, Gualeguaychú y alrededores, sino a aquellos que se encuentran río abajo. Botnia utiliza para su producción 164 millones de agua por día del río Uruguay, recibiendo su corriente la totalidad de los efluentes tóxicos que genera la pasta de celulosa. Las respuestas que desde el comienzo ha venido dando el Gobierno, han sido sinuosas, contradictorias, ambivalentes, desleales.
Asimismo, la justicia debe ser pareja si quiere ser equitativa antes que rigurosa. Es decir, debe medir con el mismo rasero al Gobierno y a los asambleístas. Con la salvedad de que los segundos no se han dado vuelta ni traicionado los motivos que los llevaron a tomar la determinación que tomaron. Todo un pueblo se levantará si los asambleístas son eventualmente acusados y procesados por los delitos que ahora el Gobierno los quiere denunciar: trece presuntos delitos que les cabría desde entorpecimiento del tránsito terrestre hasta atentado y resistencia a la autoridad, pasando por homicidio culposo (choque fatal de un motociclista contra un acoplado), amenazas agravadas, apología del delito y sedición. Será la chispa que encienda la mecha. Será la causa de que el incendio se propague por todo el país harto de tolerar el “descalabro institucional que desde hace un septenio agrieta hasta sus cimientos a la nación argentina”, como dice el acertado editorial de uno de los diarios más prestigiosos y objetivos del país (La Voz del Interior, 10/06/10).
Por eso, la justicia antes de actuar, primero deberá tener bien en cuenta las obras de Thoreau: “Desobediencia Civil” y de Thomas Paine: “Sentido Común” y “Derechos del Hombre”. Thoreau plantea el derecho a la desobediencia civil desde fuertes convicciones personales que apelan a un principio de justicia. Critica y acusa a la sociedad estadounidense de haber dejado apagar su espíritu, dejándose llevar por un conformismo material, olvidando así el ejercicio del derecho a la rebelión. Incluye un retrato de las causas por las cuales se produce este adormecimiento de las conciencias, y denuncia la falta de responsabilidad individual que desemboca en un Estado que acaba por convertirse en el opresor de aquellos a los cuales se debe (aquí vemos cierta influencia de Rousseau y su Contrato Social). Por último, como no podía faltar en un individualista como Thoreau, niega la virtud de las decisiones tomadas por la mayoría para prevalecer sobre la conciencia individual. En definitiva, su Desobediencia Civil viene a negar que la obediencia sea necesariamente una virtud.
Cuando algo en el sistema funciona mal, el individuo tiene el derecho y la responsabilidad de desobedecer y rebelarse. Su frase: “No importa cuán pequeño pueda parecer el comienzo: lo que se hace bien, bien hecho queda para siempre”, se adecua perfectamente a lo logrado hasta ahora por los asambleísta de Gualeguaychú. Por su parte, Paine manifiesta en palabras imperecederas: “¿Qué es el gobierno sino la conducción de los asuntos de una Nación? No es, y no puedo serlo por su naturaleza, la propiedad de cualquier hombre o familia particulares, sino la propiedad del conjunto de la comunidad, a cuyas expensas es sostenido; y aunque mediante la fuerza o el ingenio ha sido convertido en patrimonio privado, esta usurpación no puede alterar la naturaleza de las cosas. La soberanía, como un asunto de derecho, pertenece solamente a la Nación y no a un individuo cualquiera; y una Nación tiene en todo momento un derecho inherente e irrenunciable a abolir cualquier forma de gobierno que encuentre inconveniente y a establecer la que esté de acuerdo con su interés, disposición y felicidad”.
Por último, qué juez consciente de su dignísima tarea, se atrevería a condenar a ciudadanos que teniendo necesariamente que elegir entre el mal mayor (contaminación y muerte del río Uruguay y perjuicio a la economía de la región y del país) y el mal menor (corte de la ruta y puente que une las dos naciones vecinas), como medio para evitar una futura catástrofe ecológica de un río compartido), elige el mal menor porque no le queda otro camino. Es una causa de justificación penal. La norma del derecho argentino expresa: “El que causare un mal para evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño” (art. 34 inc. 3º del Código Penal). Se podría argumentar que los actuales perjuicios y daños causados actualmente al río Uruguay y a la región, no se ajustaría al concepto de peligro de “mal mayor inminente” que exige la ley, pero tiene relevante trascendencia el voto en disidencia del juez de La Haya Abdulqawi Yusuf (Somalía), que admite en forma expresa la negligencia en la manera en que el tribunal internacional evaluó la evidencia presentada sobre la contaminación del río Uruguay.
Dijo: “Soy de opinión de que la Corte debería haber requerido asistencia técnica (…) con el fin de contar con ayuda adecuada para comprender profundamente y en detalle la evidencia científica y técnica presentada por las partes, en vivos, la calidad de las aguas y el balance ecológico del río Uruguay”. Asimismo, resulta totalmente antojadizo sostener que el corte de ruta vulnera el derecho de libre tránsito y circulación, toda vez que existen otros pasos alternativos: los puentes de Concordia y Colón, además del ferry. Entonces, si se tiene en cuenta que Uruguay actuó en forma unilateral en un tema que obligadamente tiene íntima relación con un río compartido, es justificable y lógica la reacción de los asambleístas al haber sido totalmente ajenos (extraños) al mal mayor inminente causado por Uruguay con tal acción unilateral, mal que, a todas luces, no es potencial sino que ya ha sido desencadenado, no es algo que sobrevendrá sino que ya constituye un proceso de contaminación y deterioro en permanente avance. En unos años se podrán observar las funestas consecuencias que este proceso acarreará no sólo a la región aledaña sino también a una vasta porción de la República Argentina, que en esta carrera corre en desventaja, como teorizó Zenón de Elea del corredor Aquiles.
Antonio J. Sesín
DNI 6.487.092
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